Las Sociedades no Cotizadas y la Reforma de la Ley de Sociedades de Capital (Ley 31/2014)

SS_Faro-de-IgeldoEl pasado 24 de diciembre de 2014 entró en vigor la Ley 31/2014, que modifica determinados artículos de la Ley de Sociedades de Capital.

La presente entrada se circunscribe a las modificaciones que afectan a las sociedades mercantiles de capital no cotizadas, debiendo subrayar, de entrada, la clara voluntad del legislador de atribuir facultades a la Junta de socios / accionistas, en detrimento del órgano de administración social.

Resumimos los aspectos más significativos de la reforma.

Ámbito funcional de la Junta General de socios / accionistas. La reforma atribuye a la Junta General:

            -la facultad de dar instrucciones al órgano de administración y de supeditar a su autorización la eficacia de determinados acuerdos del Consejo, tanto en las sociedades limitadas como en las anónimas

            – el ejercicio de facultades sobre operaciones que se consideren relevantes en el devenir patrimonial de la entidad, definiendo como operación relevante todas aquellas que afecten como mínimo a un 25% del activo social

Órgano de Administración. Se introduce la exigencia de celebrar como mínimo una reunión trimestral del Consejo de Administración.

Remuneración de los administradores sociales:

            -se unifica la regulación de la remuneración de los administradores en las sociedades anónimas y limitadas, describiendo las formas de retribución a determinar en estatutos (retribución fija, dieta de asistencia, participación en beneficio, e.t.c).

            -se atribuye a la Junta la determinación del importe máximo de remuneración del órgano de administración, correspondiendo a este ultimo el reparto de la retribución entre sus miembros

            -se introducen criterios de retribución ligados a la rentabilidad y sostenibilidad, y a la adopción de precauciones para evitar excesivos riesgos.

Responsabilidad de administradores sociales:

             se delimita la figura del administrador de hecho

            -se delimitan los presupuestos y extensión subjetiva de la responsabilidad de los administradores, objetivizando la imputación de responsabilidad conforme a las funciones realmente desempeñadas, más allá del cargo formal que se ejerce

Se delimita la figura del consejero – delegado o consejero con funciones ejecutivas:

            -la delegación de facultades por parte del Consejo de Administración exigirá un contrato aprobado por el Consejo de Administración por mayoría cualificada de dos tercios, con la abstención del consejero afectado

            -el contrato deberá detallar la retribución del consejero, así como la indemnización por cese

            -se establece una relación de facultades expresamente indelegables por el Consejo; así, entre otras: la formulación de cuentas, el nombramiento y destitución de directivos, la retribución de consejeros; con especial hincapié en la convocatoria de Junta y elaboración del orden del día de la misma

El legislador hace un esfuerzo para concretar y precisar los casos en los que el órgano de administración puede denegar información a socios y accionistas, ampliando el concepto de perjuicio al interés social, y extendiéndolo a aquellos casos en los que la información sea innecesaria para la tutela de los socios, o bien pueda ser utilizada con fines extrasociales.

Régimen de acuerdos de los órganos sociales. Se consagra la primacía del principio de conservación de los acuerdos adoptados:

            -son objeto de limitación las vías de impugnación en supuestos de deficiente información a socios y accionistas durante la Junta, si bien estos podrán ser indemnizados por daños y perjuicios

            -se relacionan supuestos de infracciones procedimentales de carácter formal en los que se prohíbe la impugnación, siempre que no hayan determinado el sentido del acuerdo adoptado

Se modifica profundamente el régimen de impugnación de los acuerdos de los órganos sociales:

            -desaparece la distinción entre actos nulos y anulables, siendo impugnables los acuerdos contrarios a la ley, a los estatutos, los que lesionen el interés social y los que vulneren el reglamento de los órganos sociales.

            -la lesión del interés social  no queda forzosamente vinculada a la existencia de  daño patrimonial, pudiendo extenderse también a supuestos de abuso de la mayoría carentes de justificación.

            -se fija un único plazo de impugnación de un año, a excepción de los acuerdos contrarios al orden público, para los que el plazo es imprescriptible y no sujeto a caducidad; por otro lado, se fija un régimen especial de impugnación de los acuerdos del Consejo de Administración.

En relación al Informe de Gestión, se introduce el deber (no aplicable a las sociedades que puedan presentar cuentas abreviadas) de incluir el periodo medio de pago a proveedores, en caso de ser superior al establecido en la legislación sobre morosidad.

Por ultimo, nos referimos a una serie de aspectos de carácter ético sobre los que se detiene la reforma.

El legislador aborda la cuestión del conflicto de intereses, bajo la premisa de la preeminencia del interés social de la empresa:

            -los supuestos de prohibición del ejercicio del derecho a voto ya contemplados en la sociedad limitada (transmisión de acciones, exclusión de socios, liberación de obligaciones, asistencia financiera, o dispensa de la obligación de lealtad), se extienden también a la sociedad anónima.

            -como novedad, aun existiendo el conflicto fuera de los supuestos reseñados, no impedirá el ejercicio del derecho a voto, sin perjuicio de la eventual impugnación del acuerdo adoptado, por posible perjuicio al interés social de la compañía.

Se intenta conciliar el deber de diligencia con el concepto de discrecionalidad empresarial, que prevalecerá siempre que sea conforme con la buena fe y la ausencia de interés personal.

Se profundiza en el concepto de lealtad, integrado por distintas obligaciones (abstención por conflicto de intereses, obligación de guardar secreto, libertad de criterio, e.t.c.):

            -se  introducen expresamente tipologías a evitar, relacionadas con el conflicto de intereses (transacciones con sociedades, aprovechamiento de oportunidades de negocio de la sociedad, e.t.c.). No obstante, se atribuye a la Junta la competencia de dispensa para llevar a cabo, en su caso, actuaciones en principio prohibidas.

            -la infracción del deber de lealtad faculta la impugnación de acuerdos, con posibilidad de anulación de actos y contratos celebrados por los administradores, sin perjuicio de la protección de terceros con buena fe.

En cualquier caso, advertimos de que se trata de una reforma legislativa que precisa un análisis muy detallado y orientado a su aplicación práctica.

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