Reforma Concursal 2014

El Boletín Oficial del Estado del  pasado 8 de Marzo  de 2014 publica el Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial; medidas que afectan de forma sustantiva a la vigente legislación concursal

Se pretende garantizar la supervivencia de empresas en situaciones de insolvencia, cuya viabilidad es defendible desde un punto de vista operativo, articulando un sistema de acuerdos con acreedores y de fórmulas de refinanciación.

Se modifican aspectos concretos de la Ley Concursal del 9 de julio de 2003 relativos a la fase preconcursal, con el objeto de eludir la entrada en concurso y posterior liquidación. Así, los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente podrán comprender quitas y capitalización de la deuda, además de aplazamientos. Además, afectarán  a acreedores disidentes cuando concurran las mayorías establecidas en cada caso.

Se introduce la posibilidad de alcanzar acuerdos de refinanciación con uno o más acreedores, sin necesidad de alcanzar mayorías de pasivo, siempre que mejoren la posición patrimonial del deudor. Sólo serán rescindibles por el juez a instancia de la administración concursal  si se considera que  no concurren los requisitos expuestos.

Se simplifican los acuerdos colectivos de refinanciación no homologados judicialmente, sustituyendo la exigencia del informe de experto independiente por certificación del auditor de cuentas acreditativa de la concurrencia de las mayorías de pasivo exigidas. Estos acuerdos  no podrán ser objeto de rescisión posterior (salvo que incumplan los requisitos previstos), si la empresa entra en concurso de acreedores, a diferencia de la situación actual, que permite rescindir este tipo de acuerdos cuando son considerados perjudiciales para la masa activa del concurso.

Cuando en este tipo de acuerdos colectivos se plantee una capitalización de créditos, si el deudor se niega a ello sin causa razonable,  se impondrá la presunción de culpabilidad del concurso. A estos efectos, se entenderá que existe causa razonable cuando así lo establezca informe emitido por experto independiente. Se exige, además, que el acuerdo reconozca un derecho de adquisición preferente a favor de los socios del deudor, sobre las acciones suscritas por los acreedores como consecuencia de la capitalización, en caso de enajenación posterior de las mismas.

Se impulsa la rapidez y flexibilidad de los acuerdos colectivos de refinanciación homologados judicialmente,  en los que el juez únicamente deberá comprobar la concurrencia de las mayorías exigidas y de los requisitos formales para acordar su homologación. Estos acuerdos, una vez homologados judicialmente, tampoco podrán ser objeto de rescisión en caso de concurso de acreedores de la empresa.

También aquí se sustituye la exigencia del informe de experto independiente por una certificación del auditor de cuentas acreditativa de la concurrencia de las mayorías de pasivo exigidas.

La mayoría exigida para la homologación judicial baja del 55 por 100 al 51 por 100, computando, no solo el pasivo titularidad de entidades financieras como hasta ahora, sino la totalidad del pasivo financiero, excluidos acreedores por operaciones comerciales y acreedores de pasivo de derecho público,  con independencia de que estén sometidos a supervisión financiera.

Como novedad, en los préstamos sindicados se exige el voto favorable del 75% del pasivo representado por el préstamo para considerar que lo acreedores prestamistas han suscrito el acuerdo de refinanciación, salvo que la normativa específica del préstamo exija una mayoría inferior.

Si los acreedores de pasivos financieros acuerdan con un 60% aplazamientos de hasta cinco años y conversión de créditos en préstamos participativos por el mismo plazo, estas medidas se extenderán a los acreedores disidentes sin garantía real. Con acuerdos adoptados por el 75 por 100 de los acreedores de pasivos financieros, podrán imponerse a los acreedores disidentes esperas de entre cinco y diez años, quitas, conversión de créditos en acciones o participaciones del deudor o créditos participativos, transformación de deuda en cualquier otro instrumento financiero de características distintas y cesiones de bienes en pago de deudas.

Los acuerdos de refinanciación homologados afectan a los créditos con garantía real en los siguientes términos:

-En la parte del crédito que exceda del valor de la garantía, en los mismos términos que a los créditos sin garantía y con las mismas mayorías.

-En la parte del crédito cubierto por el valor de la garantía, cuando así lo acuerden las mismas mayorías del 65 por 100 y 80 por 100, computadas en función del valor de las garantías de los acreedores aceptantes.

Se introduce la posibilidad de que los acuerdos de refinanciación homologados incluyan (y extiendan a los disidentes) la conversión de deuda en capital. Se exigirá acuerdo en junta de socios por mayoría simple, ofreciendo al acreedor disidente, a su elección,  una alternativa de quita.

Al igual que en los acuerdos no homologados, se introduce la presunción de culpabilidad del concurso si el deudor se  niega, sin causa razonable, a la capitalización.

Medidas comunes a los acuerdos colectivos homologados y no homologados

Se introduce la paralización de las ejecuciones singulares de bienes necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial, desde la comunicación al juzgado del inicio de las negociaciones con los acreedores, por un plazo máximo de cuatro meses.

Medidas comunes a los acuerdos individuales y colectivos homologados y no homologados

El 100 por 100 de los ingresos obtenidos mediante refinanciación gozará, durante dos años, del  privilegio concursal  de abono de créditos a la fecha de sus respectivos vencimientos con el objetivo de estimular la financiación adicional.

Este privilegio se extiende a los ingresos realizados por el propio deudor o personas especialmente relacionadas con él, a excepción de  operaciones de aumento de capital, y se aplicará a los procesos concursales  admitidos durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigor de la reforma legal

Esta entrada fue publicada en Concursal, Concurso y etiquetada , , , , , . Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario